Jorge Romero, uno de los dirigentes de La Cámpora acusado de abuso sexual
Jorge Romero, uno de los dirigentes de La Cámpora acusado de abuso sexual

Un senador radical se ha visto obligado a dar explicaciones desde su banca a casi una semana de la denuncia de abuso en su contra. La Cámpora tuvo que difundir un comunicado sobre denuncias similares en sus filas, aún con disgusto por el impacto en los medios: siente superioridad moral aún para reconocer lo que ocurre. Está chirriando la política, aunque no debería haber sorpresa. Se trata del lado más oscuro de las relaciones de poder.

Las relaciones de poder, por supuesto, no se limitan a la política. Son mecanismos perversos –en el sentido más amplio del término-, degradantes y extendidos a cualquier otra actividad, pública o privada. No parece haber límite. La mayor diferencia, en todo caso, estaría puesta en que las organizaciones políticas –sus expresiones en las gestiones de gobierno y en la tarea legislativa- tienen el doble desafío, más que otro sector, de enfrentar el tema en sus estructuras internas y dar respuesta prácticas frente a la conmoción y la reacción sociales más amplias.

Existe un riesgo y una chance para enfrentar, con demora, una cuestión que registra antecedentes pero que escaló sobre todo en los últimos días. El riesgo, repetido, es actuar casi por espasmo y a modo de capítulo único, hasta que surja otro caso resonante. La chance estaría dada, aunque suene paradójico, por un dato negativo en sí mismo: los mecanismos denunciados ahora no reconocen fronteras ideológicas ni políticas. El desafío de evitar reacciones corporativas corre para todos.

Para los legisladores, según surge de los pocos trascendidos sobre las muchas conversaciones reservadas de estos últimos días, la cuestión es doble: la respuesta a los casos concretos de las denuncias y la señal más amplia, y algo tardía, sobre legislación de género, no acotada al terreno penal.

Un grupo de diputados opositores –encabezado por el Movimiento Evita y con la firma de otros sectores peronistas- solicitó en velocidad la inclusión en sesiones extraordinarias de la “ley Micaela”, proyecto que establece la capacitación con perspectiva de género en todos los niveles de los tres poderes del Estado. La respuesta del Gobierno fue también sin demora: la incluyó en el temario.

Habían existido contactos previos en Diputados, con las autoridades de la Cámara, que preside Emilio Monzó, y referentes del interbloque oficialista.

El senador radical por La Pampa Juan Carlos Marino
El senador radical por La Pampa Juan Carlos Marino

El pedido no sorprendió al Gobierno. La iniciativa ya había pasado por comisiones y el pedido opositor y la respuesta oficial exponía consenso.
Pero la cuestión, en medio de denuncias nuevas y la reposición de otras que fueron desatendidas en su momento, también puso a prueba la reacción frente a esas situaciones puntuales. En el Senado, hubo conversaciones reservadas a partir del caso del radical Juan Carlos Marino. Federico Pinedo asumió la primera respuesta pública: anticipó que el legislador iba a eludir el amparo de los fueros. Y planteó algo que en reserva también se había empezado a conversar: más allá de esa señal, cómo exponer una posición de firmeza que no rozara el juzgamiento en términos mediáticos.

Algo parecido intentó exponer el radical Luis Naidenoff, titular del intrerbloque de Cambiemos, que destacó que el camino para la causa judicial está allanado de hecho sin necesidad de “renuncia” alguna a los fueros, porque, como se sabe, nada traba la investigación y hasta el procesamiento. En definitiva, se trataría de una señal frente a la conmoción que generan este y otros casos.

Los contactos y conversaciones en el interior del radicalismo y no sólo en el Congreso fueron intensos el fin de semana pasado. Sin embargo, no habría ninguna reacción pública de la conducción partidaria hasta que se dé hoy el primer paso en el Senado.

Las reuniones también debieron ser apuradas en la primera línea de La Cámpora. Las denuncias contra el senador bonaerense Jorge Romero, además “responsable político” de la organización a nivel provincial, precipitaron algunas frases de Máximo Kirchner y en la misma línea, un comunicado específico.

Máximo Kirchner
Máximo Kirchner

El comunicado también intentó encauzar discusiones internas, luego de que el legislador dijera que iba a abandonar sus responsabilidades políticas, lo que se interpretó como el anticipo de la renuncia a su banca en la Legislatura. No todos avalaron su primera respuesta, frente al volumen y al impacto de la denuncia, sino más bien al contrario. El disgusto habría estado asociado a la repercusión mediática.

Algo de eso expuso Máximo Kirchner. Y fue escrito de manera directa en el texto difundido por La Cámpora, que además de informar que al senador bonaerense “se le quitaron todas las responsabilidades políticas dentro de la organización”, sostuvo que “es en la organización política donde se deben atender las necesidades y construir respuestas colectivas, y no en los medios de comunicación, ni de manera individual”.

La Cámpora también dio algunas precisiones sobre las medidas internas tomadas frente a otros casos. ¿Habría sido este el desenlace, al menos interno, si las denuncias no hubieran tenido despliegue público? El cuestionamiento no fue a cierto maltrato mediático del tema, sino al hecho en sí mismo de la difusión y el relieve públicos.

Las reacciones corporativas a veces tienen pretensiones ideológicas. En cualquier caso, por supuesto, son tóxicas.

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