El príncipe Mohammed Bin Salman, recibido por el presidente argentino al inicio del G20 (Reuters)
El príncipe Mohammed Bin Salman, recibido por el presidente argentino al inicio del G20 (Reuters)

Repasemos los hechos: el 26 de noviembre pasado, 4 días antes del comienzo de la Cumbre del G20 en Buenos Aires, la ong estadounidense Human Rights Watch pidió a la Argentina la detención del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Bin Salman, por crímenes de guerra cometidos en Yemen y por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, ocurrido en la embajada de ese país en Turquía.

El hecho es de por sí llamativo: Arabia Saudita, supuesto perpetrador de estos crímenes de guerra, es uno de los principales aliados de los Estados Unidos en Medio Oriente, pero una ONG de ese país pretende que sea Argentina la que haga justicia en el caso…

Tan llamativa como esta pretensión es la poca reacción en contra que generó; no faltaron incluso algunos analistas locales que criticaron al juez Ariel Lijo -en cuyo juzgado recayó la denuncia- por su prudencia en el asunto; al parecer consideraban que el magistrado tenía que cuadrarse ante la voluntad de asociaciones a las que nadie sabe quién confirió autoridad en la materia.

Lijo, sabiamente, envió exhortos a Yemen, Arabia Saudita y Turquía, que llegarán cuando ya no pueda pedir la detención de Mohammed Bin Salman.

Sin sorpresas, el Príncipe, que según algunos Argentina debía apresar y juzgar por hechos que ocurren a unos 13 mil kilómetros de distancia de nuestro país, no fue ninguneado ni importunado en la Cumbre, salvo por algún acting de un Presidente –pour la galerie, nunca mejor dicho-, “casualmente” grabado por los medios; en cambio, “chocó los cinco” con dos de los jefes de Estado más poderosos del mundo: el ruso Putin y el chino Xi. Y la propia parte ofendida, el mandatario turco Recep Erdogan, pareció aceptar la explicación dada por el Príncipe de que ignoraba los planes para asesinar al periodista, cuando dijo, en conferencia de prensa en Buenos Aires, que no quería dañar a la familia real saudí y que esclarecer el hecho beneficiaría al propio Bin Salman.

El Príncipe saudí y su efusivo saludo con el presidente ruso Vladimir Putin
El Príncipe saudí y su efusivo saludo con el presidente ruso Vladimir Putin

Este es el contexto geopolítico en el cual, según algunos, Argentina debía dar la nota poniéndole las esposas a un jefe de Estado de visita en nuestro país para participar de una cumbre internacional de alto nivel.

El principio invocado para este absurdo es la llamada “jurisdicción universal” o “competencia universal”, algo que suena muy bonito pero que, como cualquiera con sentido común puede verlo, presenta no pocas dificultades en su aplicación práctica.

El principio de jurisdicción universal implicaría que todo Estado firmante de tratados internacionales sobre delitos contra la humanidad tenga competencia para detener y juzgar a acusados de ese tipo de crímenes, sea cual sea la nacionalidad de los perpetradores e independientemente del sitio donde se hayan cometido los hechos.

Algunos países se lo han tomado muy a pecho y se han lanzado a juzgar crímenes de esta índole cometidos en otros países, incluso en otros tiempos, y por extranjeros. Claro que, sin subvertir las relaciones de fuerza, como veremos.

En una carta que Albert Einstein le envió a Sigmund Freud en el año 1932, referida al dilema de cómo evitar las guerras, analizaba la alternativa de la creación de una corte internacional, y con realismo decía: “…un tribunal es una institución humana que, en la medida en que el poder que posee resulta insuficiente para hacer cumplir sus veredictos, es tanto más propenso a que estos últimos sean desvirtuados por presión extrajudicial”. Y concluía: “Este es un hecho que debemos tener en cuenta; el derecho y el poder van inevitablemente de la mano”.

El premier de la India, Narendra Modi, junto al príncipe saudí, Mohammed Bin Salman (AFP)
El premier de la India, Narendra Modi, junto al príncipe saudí, Mohammed Bin Salman (AFP)

Aplicado esto al principio de jurisdicción universal, el resultado es que siempre que la iniciativa prosperó fue cuando partía de países centrales hacia países periféricos. Ningún país poderoso se ha visto requerido por esta “justicia universal” para dar cuenta por crímenes de guerra o torturas. Y si lo fue, la cosa no pasó de un amague.

Más aún, países como España y Bélgica, que estuvieron entre los más activos en la aplicación de este principio, dieron marcha atrás cuando se les ocurrió apretar el botón equivocado y, por ejemplo, requerir la comparecencia de funcionarios israelíes o estadounidenses por crímenes de esta índole. A Bruselas, por ejemplo, Washington la amenazó con retirar de allí la sede de la OTAN, si insistía en hurgar en crímenes de guerra cometidos en Irak. Problema resuelto.

El hecho de que un país se considere a sí mismo con autoridad para juzgar al mundo entero resulta claramente arbitrario

Idealmente, el derecho penal internacional considera que todos los Estados son iguales. Y aunque en la realidad las cosas son muy distintas, el hecho de que un país se considere a sí mismo con autoridad para juzgar al mundo entero resulta claramente arbitrario. Sobre todo cuando sabemos que la Corte Penal Internacional, creada en 1998 por el Tratado de Roma, no fue ratificada por grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia o Israel, confirmando las dudas de Einstein sobre la capacidad de tal tribunal para ejercer una justicia realmente universal.

Lo saben incluso los partidarios de esta justicia universal que con frecuencia acaba siendo en realidad una justicia unilateral. Por caso, Wolfgang Kaleck, que integró tribunales en Alemania para juzgar a ruandeses por crímenes de guerra cometidos en el Congo, reconocía este desbalance, al pedir que la jurisdicción universal sea realmente universal, y que estos juicios “no solo se dirijan contra los sospechosos de delitos que provienen de ‘países pequeños’; los dobles estándares en el derecho penal internacional deben llegar a su fin”.

España dio marcha atrás en su jurisdicción internacional en 2009, cuando enfrentó serios problemas diplomáticos. Por ejemplo, la entonces ministra de Exteriores de Israel, Tzipi Livni, le exigió al gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero el cierre de la investigación por crímenes de guerra en la Franja de Gaza; lo mismo hizo el Partido Comunista Chino con la “falsa querella” contra miembros de su Politburó por acciones en el Tíbet. Ni hablar de las protestas de Washington por la instrucción de los casos de vuelos de la CIA o torturas en Guantánamo.

España dio marcha atrás con su ley de competencia internacional para salvaguardar sus intereses permanentes

Fue el final de su vocación justiciera universal.  Y aunque ahora el nuevo gobierno socialista coquetee con la idea de volver a las andadas, difícilmente lo haga, considerando la escasa legitimidad interna que tiene.

“Celebramos el 45 aniversario de nuestras relaciones con China, potencia descomunal, inmenso mercado. Es probable que su Presidente nos visite dentro de unos meses. También es posible que como regalo nuestro Gobierno le entregue (…) un documento sellado que diga que España quiere juzgar a su predecesor como genocida por su conducta en el Tibet. No es broma, ya se planteó”, ironizaba el diplomático y escritor español Javier Olivares, en una nota reciente. En concreto, la reforma de la ley de 2009 fue una razonable salvaguarda de los “intereses permanentes” de España.

En Así se domina el mundo (Ariel, 2018), el especialista español en geopolítica y estrategia, Pedro Baños, escribe: “Los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con derecho de veto, son quienes deciden dónde y cómo se defienden los derechos humanos de las poblaciones de otros Estados, lo que inevitablemente dependerá directamente de sus propios intereses geopolíticos y económicos”.

Libia fue uno de los casos en que, para defender a la población amenazada de Bengasi, se decidió una intervención humanitaria que causó muchas más víctimas y acabó con el derrocamiento y muerte de Muamar Khadafi -a quien poco antes toda Europa recibía con pompa- y la entrega del poder a grupos rebeldes.

Otros países, como aún gozan de la protección de alguna de las potencias con poder de veto, no han sido objeto de ese tipo de intervenciones. Por ejemplo, nadie ha decidido aún intervenir en Yemen en defensa de la población civil.

“Principios que deberían ser un pilar inamovible acordado de un modo unánime por todos los países al estar referidos a la sagrada seguridad humana, tienen un doble rasero según el Estado que los invoque, y se quedan apenas en una estrategia empleada para proteger intereses nacionales“, escribe Baños.

Tres países africanos acusaron a la Corte Penal Internacional de ser un “tribunal caucásico internacional”

En el año 2016, recuerda este experto, tres Estados africanos (Gambia, Sudáfrica y Burundi) abandonaron la CPI, “hartos” del “abuso de la legalidad internacional”, acusando a ese Tribunal de estar centrado “en perseguir africanos” y calificandolo de “tribunal caucásico internacional”.

“La falta de voluntad de los grandes de someterse a la jurisdicción universal -dice Baños en referencia a Rusia, China y EEUU- tan sólo es otro ejemplo más de que las leyes únicamente son de obligado cumplimiento para los débiles, pues los fuertes nunca aceptarán subordinarse a ningún organismo internacional, ni siquiera aunque hayan sido los promotores de su creación” (como fue el caso de la CPI).

Tal vez vean “fácil” a cierta dirigencia argentina

Este es el marco legal internacional en el cual se pretende que la Argentina haga lo que otros países no harían jamás, en nombre de sus intereses permanentes. Tal vez vean “fácil” a cierta dirigencia de nuestro país. Recordemos que el juez Baltasar Garzón se construyó una fama a costa de desconocer la soberanía jurídica de nuestro país cuando decidió extemporáneamente abrir en Madrid un juicio a nuestro pasado reciente, y para colmo lo hizo con el concurso de argentinos, incluso de legisladores y funcionarios que en vez de defender nuestra soberanía jurídica, la violaron, reconociendo la jurisdicción de un tribunal extranjero.

Es llamativo que los mismos sectores que derriban estatuas y atacan a la España del pasado sean los que avalaron esa nueva forma de colonialismo.

Como los que se golpean el pecho contra el colonialismo británico pero aplaudieron cuando Londres apresó a Augusto Pinochet en 1998, concediéndole autoridad moral y política para decidir cómo debía Chile lidiar con su pasado. La diferencia fue que, en aquel momento, todos los gobiernos sudamericanos cerraron filas en torno a la defensa de la soberanía jurídica de Chile y los británicos tuvieron que dar marcha atrás.

En el trasfondo de la denuncia contra Bin Salman radicada en nuestro país, se encuentra además la feroz interna que tiene lugar hoy en el establishment de Estados Unidos. El objeto de la iniciativa era también importunar a Donald Trump.

Celebremos que esta vez, no hayan encontrado en autoridades argentinas terreno fértil para complicarnos en ese juego.

 

Posdata: La jueza María Romilda Servini de Cubría aceptó en 2010 abrir una causa contra crímenes del franquismo en una suerte de devolución de gentilezas a España. Otro absurdo. Vale señalar sin embargo que las autoridades españolas no han aceptado hasta ahora ninguno de sus requerimientos; ni siquiera el socialista Zapatero lo hizo.



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