Por Fernando Iglesias

En cualquier país medianamente normal, el éxito de la cumbre del G20 (no solo el de haber sido capaces de convocarlo y organizarlo, sino el de que haya sido la reunión más pacífica y exitosa de su Historia) le hubiera procurado al gobierno de turno un ambiente propicio por meses. En la Argentina del destrato, no. Aquí, la reunión internacional más importante en los doscientos años de existencia de la nación pasó casi desapercibida; arrinconada entre la violencia barrabrava y un error en un operativo de seguridad, y el escándalo que siguió a la sanción del protocolo de uso de las armas de fuego del Ministerio de Seguridad. Una tonelada de duras acusaciones cayó sobre su impulsora, la ministra Patricia Bullrich. La vida de los ciudadanos estaba, de nuevo, en peligro. Nos dirigíamos, resueltamente, al fascismo. Volvían los años oscuros. Miles de opinólogos expresaron su sesudo pensamiento sin dar nunca la impresión de haberlo leído. Gatillo fácil. Fascismo. Sarasafirulete. Ñañañá.

Pero, ¿en qué consiste y qué dice el famoso protocolo? En primer lugar, un protocolo de instrucciones es incapaz de otorgar inmunidades. No puede modificar el marco legal vigente, compuesto de leyes y códigos que solo el Congreso —y no un ministerio— puede sancionar. Por lo tanto, cualquier agente que dispare su arma sigue sometido al mismo marco legal precedente y puede ser juzgado según este si es acusado de mal uso o abuso de su arma. En segundo lugar, el protocolo del Ministerio de Seguridad no es más que la aplicación de los “Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley” establecidos por una institución tan poco fascista como las Naciones Unidas en su Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (La Habana, 1990).

En efecto, el uso de armas sin aviso o en situación de fuga respeta completamente los parámetros fijados por el Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU; en especial, sus artículos cuatro, nueve y diez. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley… podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto” señala el artículo cuatro del documento ONU. “Solo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario… Se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, establecen los dos primeros artículos del protocolo de Seguridad. Ninguna diferencia, como se ve.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga”, dice el Alto Comisionado por los Derechos Humanos. “Se hará uso de las armas de fuego… en los siguientes casos: a) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves. b) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas. c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad. d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”, replica Bullrich, haciendo copy & paste.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego… salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso”, dice la ONU. “Los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita. Se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”, repite como un eco el Ministerio de Seguridad.

¿Lleva de alguna manera el “protocolo Bullrich” al fascismo? La respuesta acaba de darla la realidad. “¡Un balazo en la cabeza, como en Brasil! ¡Bolsonaro! ¡Bolsonaro!”. Ante la indiferencia o la aprobación de quienes lo rodeaban, así gritaba un pibe que iba registrando el operativo de la Policía de la Ciudad que había interceptado y detenido a dos motochorros en la zona comercial norte de Buenos Aires. Avenida Córdoba y San Martín. Y cualquier ciudadano medianamente informado sabe lo que pasa en los barrios. Vecinos prendiendo fuego la casa de supuestos violadores. Linchamientos de rateritos. Justicia por mano propia. Barbarie e ilegalidad. De allí, y no del orden impuesto por las fuerzas de seguridad de un Estado democrático y republicano, nacen los autoritarios como Jair Bolsonaro. De los 63.880 homicidios anuales que se producen hoy en Brasil, unos 30 por cada 100 mil habitantes (son 2 en Europa, 6 en Argentina, 20 en México y más de 60 en Venezuela). Son estas muertes las que pesaron en las pasadas elecciones mucho más que la corrupción del PT. Y es de allí que nace el “¡Bala! ¡Bala!” en las diez ciudades más inseguras del planeta, unánimemente latinoamericanas. Es este el camino al fascismo. Del clamor por la seguridad, de la demanda insatisfecha por la vida que surge —principalmente— del sector más pobre y desprotegido de nuestras sociedades.

Si no queremos fascismo ni autoritarismo, hay que desactivar el mecanismo que el populismo instauró, y que tiene tres elementos principales: 1) corrupción y colusión del Estado con las mafias; 2) fuerzas de seguridad mal equipadas, peor preparadas, desprestigiadas y temerosas de actuar porque saben que en el reino del revés en que intentaron convertir a la Argentina tienen mucho para perder y nada para ganar; y 3) la doctrina abolicionista de Raúl Zaffaroni, que transformó el sistema judicial en una inmensa puerta giratoria. Solo en un país cuyas nociones de Estado de derecho e imperio de la ley fueron profundamente erosionadas por la alternancia entre dictadores militares y líderes populistas, es decir: entre autoritarismo y anarquía, se confunde la ley con el fascismo y el monopolio de la violencia legítima con una política clasista de represión. Los que mueren, hoy, son mayoritariamente pobres. Pobres sin uniforme que caen a manos de los delincuentes y pobres con uniforme que trabajan para las fuerzas de seguridad. Solo en este reino del Relato donde el análisis político queda reducido a análisis del discurso, y en que los datos duros son una anomalía y una excepción, podemos ignorar los logros en materia de seguridad: una disminución simultánea de la tasa de homicidios (-23%) y la de víctimas de las acciones de las fuerzas de seguridad (-54%) en dos años.

El camino al fascismo comienza por la anarquía, no por el orden republicano. El reciente G20 ha demostrado una vez más que fuerzas de seguridad capacitadas y decididas a proteger la vida de los ciudadanos y a sí mismas no provocan más muertes. Por el contrario, son un fuerte disuasivo contra la violencia, ya que el miedo no es zonzo y los terroristas y delincuentes, idiotas no son. Si la oposición diera quórum el martes 18 para sancionar la nueva ley contra la violencia en el fútbol que cajoneó en el Senado desde 2016, y no insistiera en destruir su dispositivo central: el aumento de penas para que los crímenes no sean excarcelables y se acabe la puerta giratoria, acaso una de las fuentes más siniestras de criminalidad se termine. Ojalá. Ojalá los barrabravas dejen de ser los “héroes del para-avalanchas” a los que rendía homenaje una cierta Cristina para pasar a habitar las celdas de alguna prisión federal.

El autor es diputado nacional (Cambiemos).



Source link