En una maratónica sesión en la que se trataron diversos temas, el plenario del Consejo de la Magistratura (CM) rechazó hoy por amplia mayoría iniciarle juicio político al juez Federal de Esquel, Guido Otranto, acusado en dos denuncias con argumentaciones dispares y hasta antagónicas, por presunto mal desempeño de sus funciones durante la etapa inicial en la investigación del Caso Maldonado.

Otranto fue el primer magistrado que intervino en el hábeas corpus y en la investigación penal por la supuesta desaparición forzada del joven platense hasta que fue recusado por la familia Maldonado y el CELS y reemplazado por el juez federal de Rawson Gustavo Lleral.

Siete consejeros del órgano encargado de aplicar sanciones, promover candidaturas y de remover jueces, votaron en contra del juicio político al magistrado. Lo hicieron en coincidencia con un extenso dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación que, tras analizar la actuación de Otranto en las causas Maldonado y en otros expedientes conexos, recomendó rechazar los cargos por inaceptables e improcedentes.

Santiago Maldonado
Santiago Maldonado

“Se concluye que los hechos traídos a conocimiento no configuran ninguna de las faltas disciplinarias previstas en la ley 24.937 ni causal de remoción en los términos del art. 53 de la Constitución Nacional”, rezaba el dictamen al que accedió Infobae y adhirieron los consejeros. Allí, en 28 fojas, se defendió la autonomía en las decisiones que tomó el magistrado, se analizaron los textos de diversas órdenes de allanamiento y se alertó que los cargos o agravios de los denunciantes, debían, en todo caso, haberse ventilado en los tribunales de alzada y no en el Consejo de la Magistratura.

Las denuncias

A las pocas semanas de iniciada la búsqueda del joven tatuador, el abogado Denis Pitté Fletcher, un activo observador de la coyuntura judicial, acusó entre otras imputaciones a Otranto de haber sido funcional políticamente antes de las elecciones para instalar la versión de la desaparición forzada del joven a través del cambio de carátula del expediente al tomar como veraces los testimonios de dos encapuchados.

También le recriminó haber postergado la recolección de material probatorio valioso dentro del Pu Lof de Cushamen al acatar supuestamente las restricciones mapuches que impedían rastillar el río Chubut, sindicado como lugar sagrado por los indígenas.

Semanas después, con argumentos diametralmente opuestos, los diputados nacionales Victoria Donda (Libres del Sur), Horacio Pietragalla (FPV) y la legisladora porteña Myrian Bregman (Partido de los Trabajadores Socialistas) arremetieron contra el magistrado acusándolo de falta de idoneidad, parcialidad y de abuso de autoridad.

La diputada Victoria Donda fue una de las legisladoras que denunció al juez Guido Otranto. (Télam)
La diputada Victoria Donda fue una de las legisladoras que denunció al juez Guido Otranto. (Télam)

Fue, entre otros puntos, por un allanamiento en enero de 2017 a la comunidad mapuche instalada en la estancia Leleque, en el que Otranto ordenó despejar los impedimentos para la circulación del Expreso Patagónico La Trochita, cuyo recorrido atraviesa aquel territorio.  Durante el cumplimiento de la orden judicial tanto miembros de esa comunidad indígena como de las fuerzas de seguridad culminaron con lesiones de distinta gravedad por el intercambio de pedradas y de balas de gomas disparadas a corta distancia.

Los legisladores cuestionaron, además, que el magistrado hubiera delegado esa investigación en la Fiscalía Federal de Esquel, cuya secretaria letrada, Rafaella Riccono, es esposa de Otranto, lo que según los fundamentos de los denunciantes hacía sospechar sobre la parcialidad del magistrado ya que esa fiscalía resolvió luego archivar las actuaciones.

Otras acusaciones le atribuyeron haber permitido arbitrariamente que Gonzalo Cané, ex secretario  de Cooperación con los Poderes Judiciales del Ministerio de Seguridad, presenciara las declaraciones de gendarmes durante el caso Maldonado. Según esgrimieron los consejeros, tanto la APDH, el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria y la Procuvin intervinieron en el hábeas corpus y la participación de Cané allí tuvo por finalidad presenciar las audiencias de gendarmes como secretario de Estado, cumpliendo un rol institucional y no meramente político.

La votación

Durante el debate, uno a uno esos argumentos fueron desestimados desde distintas perspectivas jurídicas y, según se escuchó, “completando la información sesgada o faltante”.

En la votación, sólo apoyó la apertura del juicio político el doctor Rodolfo Tailhade, de conocida adhesión kirchnerista, mientras que el académico José Candis, también alineado con el sector K, se abstuvo. Estuvieron ausentes en el debate el senador del FPV Mario Pais y la jueza Gabriela Vázquez, quien ocupa un peldaño en el Consejo en representación del Poder Judicial.

En el Consejo de la Magistratura, no obstante, quedan pendientes otras dos denuncias contra Otranto, también promovidas por ese mismo grupo de legisladores en relación a la disposición de escuchas telefónicas durante el caso Maldonado.

Fuentes de ese organismo señalaron que se estima que antes de cualquier dictamen, el órgano esperaría al fallo de la Cámara de Casación que revisará ese mismo tema. Por ahora, la última resolución judicial de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia avaló lo actuado por Otranto en el marco del hábeas corpus al considerar legítimas las intervenciones telefónicas—entre ellas a Sergio Maldonado—ante la urgencia de dar con el paradero de Santiago y en relación a la preeminencia del valor de una vida frente a otros derechos en pugna.



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