Si levantamos la vista del smartphone y prestamos cierta atención a lo que ocurre a nuestro alrededor, observaríamos un agotamiento de los modelos tradicionales de gobernanza. Estos han sido puestos en jaque por un sistema económico que ha generado un escenario mundial donde casi el 45% de la riqueza está en manos del 0,7% de la población.

Descubriríamos entonces que el mundo actual está poblado por millones de seres humanos cuya vida se reduce a escapar como sea del hambre y la violencia extrema. Así, la democracia moderna, desestabilizada frente a una escalofriante concentración de la riqueza, no consigue detener una nueva tragedia humanitaria.

En el continente africano, cientos de miles huyen de sus países arrasados y cruzan fronteras o se lanzan al mar esperando salvar sus vidas en aquel mundo racional y jurídicamente moderno. Más de 1500 migrantes provenientes de África se ahogaron en lo que va de 2018 en el mar Mediterráneo.

Esto expone ante nuestra mirada otra verdad incómoda: al día de hoy, en pleno siglo XXI, la comunidad internacional no cuenta con tratados, convenciones, tribunales o cortes que efectivamente garanticen a estas personas que sus vidas y la de sus familias no serán atravesadas por la violencia, el hambre, el autoritarismo y la desesperación más absoluta.

La inoperancia jurídico-institucional de los sistemas internacionales y regionales de reconocimiento y protección de los derechos humanos es desesperante.

Mientras tanto, la Europa de las constituciones y los derechos humanos solo les ofrece, en el mejor de los casos, campos de refugiados y resignación. Sucede que el neocolonialismo de tipo extractivo que infringió gran parte de Europa sobre el continente africano pareciera que requiere también del abandono de aquellos pueblos como sostenimiento de su propio nivel de vida.

En otras palabras, tanto América Latina como África son el platillo cargado de la balanza del bienestar global. Imaginemos qué sucedería si un día todos los latinoamericanos y los africanos pretendiésemos tener la misma calidad de vida que un ciudadano europeo promedio, y si por esas rarezas de la suerte, todos y al mismo tiempo consiguiésemos las cuatro comidas diarias, salarios, jubilaciones, seguros de desempleo, salud, educación, energía y tecnología de última generación.

Es decir, si todo el planeta viviese tan solo un mes al mismo nivel de un ciudadano europeo promedio, no hace falta una mirada científica para reconocer que el sistema colapsaría para todos.

En síntesis, para que unos vivan, otros deben sobrevivir. La protección jurisdiccional termina adaptándose a este esquema de distribución. Es indudable que el cambio de la cultura humanista hacia una de tipo economicista, orientada al exclusivo éxito individual y su respectiva teoría jurídico-constitucional, no ha evitado ni resuelto las consecuencias negativas para determinadas sociedades.

Pareciera que el eje del paradigma constitucional moderno se ha desplazado, y la centralidad que históricamente supieron ocupar las personas y los pueblos, en el mundo de hoy la ocupa el sistema económico, que no hace más que reproducir las condiciones necesarias para sostener a pueblos enteros acechados por el hambre y la violencia extrema, obligándolos, a costa de perder sus vidas, a zambullirse en el mar.

El autor es profesor de Derecho Constitucional (UBA) y Derecho Político (Universidad de San Isidro-Placido Marín).



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