La demanda de libertad para presos de conciencia, la mayoría indígenas que defienden sus recursos y territorio. (Foto: Cuartoscuro)
La demanda de libertad para presos de conciencia, la mayoría indígenas que defienden sus recursos y territorio. (Foto: Cuartoscuro)

El gobierno de México anunció ese martes la liberación de 16 personas presas por razones políticas y de protesta social, quienes no tuvieron un debido proceso o incluso fueron víctimas de falsas acusaciones.

Además hay otros 352 casos en revisión, todos del orden federal, de personas encarceladas “injustamente”, dijo la secretaria de Gobernación,  Olga Sánchez Cordero.

En diciembre revisamos 368 casos y hasta ahora hemos liberado 16 personas”, dijo Sánchez Cordero en la conferencia de prensa matutina que todos los días encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Impedida por ley de protección de datos a ofrecer los nombres de las personas liberadas, la funcionaria explicó que los beneficiados son, en algunos casos, ambientalistas y opositores a la reforma educativa que aplicó el ex presidente Enrique Peña Nieto y ya canceló el gobierno de López Obrador.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en diciembre revisaron 368 casos de persona encarceladas de manera injusta. (Foto: Secretaría de Gobernación)
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que en diciembre revisaron 368 casos de persona encarceladas de manera injusta. (Foto: Secretaría de Gobernación)

La ex ministra y ahora secretaria de Gobernación dijo que, si bien en México no existe la figura jurídica de preso político, las personas han sido  encarcelas por manifestarse en contra del sistema.

Por eso instalaron en la Secretaría de Gobernación una mesa especial para revisar los casos de personas “privadas de la libertad injustamente” en la que han hallado “rezagos importantes” en el ejercicio de la justicia y encarcelamientos “prácticamente ilegales”.

La ex ministra explicó que muchas de las personas presas, cuyos casos están en revisión, no han tenido siquiera una sentencia después de muchos años en la cárcel, acceso a un defensor o un traductor, en el caso de indígenas.

“Tenemos detectadas muchas injusticias y no podemos permitir que la protesta social sea criminalizada“, dijo la titular de Gobernación.

Sánchez Cordero dijo que entre los casos hay ambientalistas del estado de Puebla que se opusieron a las prácticas de fracking –extracción de gas shell–, o acusados por entidades públicas como la misma Comisión Federal de Electricidad.

Para los casos en que autoridades públicas federales interpusieron la denuncia o fueron demandantes, la Secretaría de Gobernación está pidiendo su desistimiento, dijo.

Ambientalistas y maestros opositores a la extinta reforma educactiva, entre los beneficiados con la excarcelación. (Foto: Especial)
Ambientalistas y maestros opositores a la extinta reforma educactiva, entre los beneficiados con la excarcelación. (Foto: Especial)

La funciona afirmó que a muchos opositores al sistema les fabricaron delitos sin sustento. “Les hicieron montajes de secuestros o extorsiones, y en muchos casos no hay elementos probatorios“.

También dijo que “hay mucha gente humilde que no tuvo acceso a un defensor público, mujeres indígenas que transportaban marihuana o amapola, que no tuvieron un debido proceso“.

La funcionaria federal además afirmó que buscan la manera de apoyar a mujeres presas por aborto, en distintos estados del país que siguen castigando con cárcel la interrupción del embarazo.

También afirmó que siguen trabajando en una propuesta de amnistía, que deberá aprobar el Congreso, para elegir un universo de personas que puedan ser beneficiado, por ejemplo, jóvenes enganchados por el narcotráfico.

Al final de la presentación de este plan para liberar a presos políticos, López Obrador afirmó que en su gobierno habrá justicia y reparación de daño para que los inocentes puedan salir de las cárceles.

El objetivo principal es que no haya presos políticos y que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política”, dijo el presidente.

Afirmó que su gobierno revisará “todos” los casos sin sentencia en el ámbito de su competencia federal, y los principales beneficiaros serán indígenas, mujeres, ambientalistas, maestros, dirigentes sociales y políticos.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, informó sobre la atención “humanitaria” del gobierno federal al problema de los desplazados en la región de los Altos del estado de Chiapas.

Explicó que se trata de un conflicto agrario de larga data, que involucra un predio de aproximadamente 60 hectáreas, el cual recientemente empeoró con el fallo de un tribunal agrario y que afecta a aproximadamente 600 personas.

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