El fiscal Marcelo García Berro (foto NA)
El fiscal Marcelo García Berro (foto NA)

Esta semana se conoció la noticia de que Sergio Orlando Leiva, “El Negro Sombra”, saldría libre. Condenado a 34 años de cárcel por distintos secuestros extorsivos, uno de los más resonantes el de Ernesto Rodríguez, padre del empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, Leiva fue beneficiado por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº1 (TOF 1) con la tobillera electrónica.

El fiscal federal Marcelo García Berro podría haber apelado esa decisión, pero no lo hizo. El representante del Ministerio Público no es un hombre que pueda pasar desapercibido para la crónica policial: en el año 2002 fue procesado por las desapariciones de tres prostitutas, en el marco de una causa aún mayor, la del llamado “Loco de la ruta”.

El defensor oficial Alejandro Arguilea fue quien pidió la libertad de Leiva al cumplirse  “las dos terceras partes de la pena” y porque “los informes elevados por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), por unanimidad, fueran favorables” al tristemente célebre secuestrador.

Leiva, alias, “El Negro Sombra”
Leiva, alias, “El Negro Sombra”

Y el planteo de controlarlo con una tobillera electrónica, de convertirlo en un punto rojo en una pantalla a kilómetros de distancia, surgió  del Ministerio Público Fiscal, representado por Berro y de la jueza del TOF 1 Silvia Mayorga.

Pero la libertad de “El Negro Sombra” trajo también el nombre de Berro otra vez a las páginas de los diarios. Y no fueron pocos los que al leerlo recordaron los hechos que años atrás pusieron al fiscal del otro lado del estrado, vinculándolo a uno de los casos más resonantes de la historia policial del país.

El 9 de agosto del año 2002 el juez penal de Mar del Plata, Pedro Hooft, dispuso el procesamiento de Berro en conjunto con la detención de diez policías bonaerenses y cuatro civiles, en el marco de una causa que investigaba las desapariciones de tres prostitutas ocurridas entre los años 1997 y 1998.

Leiva durante su traslado (NA)
Leiva durante su traslado (NA)

El delito que se le imputaba entonces al fiscal era el de “encubrimiento”, en el marco de la causa por las desapariciones de las tres mujeres, Ana María Nores, Verónca Andrea Chávez y Silvana Paola Carcaballo. Pero sobrevolaba a esos hechos una sombra más grande.

La causa que involucró al fiscal se desprendió de la investigación por una serie de muertes y mutilaciones que en aquel momento le fueron atribuidas al llamado “loco de la ruta”. Sin embargo con el correr de los días no surgieron pistas que pudieran vincular los asesinatos a las desapariciones.

Berro rechazó las acusaciones desde un primer momento y las vinculó a “intereses extrajudiciales”, específicamente a su participación en el Juicio por la Verdad en Mar del Plata. Fuentes del caso habían hecho trascender sin embargo que Hooft contaba con datos que lo señalaban. El fiscal sería ese año apartado de su cargo.

Entre estos datos se habló de que desde el teléfono oficial y particular del fiscal en 1997, según detectó el sistema Excalibur utilizado por el magistrado para la investigación, se habían realizado una llamativa cantidad de llamados a prostitutas y dueños de prostíbulos.

“El nivel de llamadas (del fiscal) excede lo que podría ser un interés sexual ya demás está probado que el fiscal se trasladaba por la zona roja de Mar del Plata con el vehículo oficial en reiteradas ocasiones”, explicó a los medios al repasar en aquel momento las novedades de la causa, el Procurador General de la Corte Bonaerense, Eduardo Matías De la Cruz.

Al momento del procesamiento en 2002, eran dos las hipótesis en torno a las que giraban las desapariciones de las prostitutas. Una de ellas indicaban que habían sido desparecidas y asesinadas a modo de advertencia para otras. La segunda línea de investigación hablaba del enfrentamiento entre dos bandas que manejaban a las trabajadoras sexuales en Mar del Plata.

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