(Foto: Juan Mabromata / AFP)
(Foto: Juan Mabromata / AFP)

Todavía no ha terminado el G20 argentino y ya se puede, sin embargo, sacar algunas conclusiones. La primera es simple: Argentina ha dejado de ser una paria condenada al ostracismo y a refugiarse en los peores aliados posibles, como el Irán de los ayatolas, la Cuba de los Castro y la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La segunda es que cuando existen fuerzas de seguridad decididas a cumplir su deber, la violencia ejercida por las hordas tirapiedras disminuye radicalmente (habíamos ya visto esto en los disturbios de diciembre de 2017, pero la insistencia de muchos en hablar de “violenta represión” llevó al retiro de Gendarmería y a los hechos de violencia posteriores, mucho más graves para todos). La tercera conclusión de esta edición del G20 versa acerca del incurable ombliguismo de la oposición política nacional. No es casualidad. La Argentina cosmopolita, abierta y orientada al mundo y al futuro que había sido exitosa hasta el primer tercio del siglo XX fue reemplazada por una nacionalista, cerrada, paranoica, orientada a la nación y su pasado por la intervención del revisionismo histórico. De su rama elitista nacería el Partido Militar, y de su rama populista, el peronismo; principales responsables de la decadencia que sufrimos desde entonces.

Esa tensión entre los republicanos cosmopolitas (globalistas, dirían Bolton, Trump y Bolsonaro) y los nacionalistas autoritarios y populistas —como ellos mismos y los Kirchner— subsiste intacta en la Argentina y comienza a hacerse visible nuevamente en todo el planeta. Atraviesa la distinción derecha-izquierda y está dividiendo el escenario político global en dos grandes grupos: el de los nacionalistas-populistas que creen que se enfrentan los dilemas del mundo global cerrando las sociedades y nacionalizando las economías, y el de los republicanos-globalistas que pensamos, por el contrario, que no hay marcha atrás en la Historia y que la respuesta correcta a los desafíos globales es la de globalizar el Estado de derecho y la democracia. Hoy, el nacionalismo victimista del Tercer Mundo se empeña en mantener su caracterización de la globalización como máscara del viejo imperialismo, olvidando que desde hace veinte años son los países emergentes los que han salido fuertemente beneficiados, mientras que los países avanzados enfrentan dificultades económicas cada vez más evidentes.

Finalmente, el G20 ha mostrado una alarmante falta de preparación del periodismo nacional, empeñado, en la mayor parte de los casos, en analizar la más importante actividad política que se haya jamás desarrollado en territorio argentino desde la perspectiva del programa de chimentos de Jorge Rial; desde la cual lo importante era si Gabriela Michetti se había atrasado o Emmanuel Macron adelantado, y si la banda debía o no tocar a la llegada del presidente chino. Por supuesto, la curiosidad por los detalles menores de la vida de los poderosos y la pasión por el chisme son plagas universales, por lo que todas las coberturas internacionales incluyen comentarios acerca de situaciones bizarras y sucesos banales pero llamativos. El problema son las proporciones. En los países con un periodismo razonable, esas nimiedades ocupan el 20% del tiempo total, dejando el restante 80% al análisis de lo importante. Aquí, con pocas y honrosas excepciones entre las cuales es de destacar a la Televisión Pública, las proporciones se invirtieron, dejando la mayoría de los argentinos tan desprovistos de información acerca del G20 y su función y significado como estaban antes de que se celebrara en Buenos Aires. Probemos a intentar remediar un poco.

En primer lugar, el G20 no es una institución internacional sino un foro informal establecido por los 20 miembros que lo conforman, lo que incluye a 19 Estados nacionales (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica y Turquía) más la Unión Europea. Sus Estados miembro gobiernan el 66% de la población mundial y controlan el 85% del PBI, 75% del comercio y 80% de las inversiones globales. Su objetivo es, según su propia declaración, “promover la cooperación económica, financiera y política”, “abordar los grandes desafíos globales” y “generar políticas públicas que los resuelvan”. Su origen es significativo: fue creado en 1999 en una reunión de ministros de Finanzas del G7 que comprendieron que las crisis que se estaban desarrollando en los mercados emergentes (el efecto Tequila, el caipirinha, el vodka, la crisis de los tigres asiáticos y demás, que terminaron en el crash argentino de 2001), hacían evidente que dejar afuera de la mesa de negociación a los países emergentes era un pésimo negocio para todos.

Así, por una década, el G20 funcionó como un foro de ministros de Economía y presidentes de los bancos centrales. Hasta que la crisis de 2008 demostró la necesidad de mejores regulaciones financieras globales y acuerdos cooperativos internacionales, y los jefes de gobierno fueron incluidos en la mecánica del G20, se amplió el temario a otras agendas —como la del cambio climático y la igualdad de género— y se iniciaron reuniones anuales con pompa y circunstancia. Son las que hoy llamamos “el G20”, pero son solo la cumbre anual de sus jefes de Estado; circunstancia en la que se define y expresa el trabajo de todo el año.

Catorce agencias integran, como asociadas, el G20. Siete internacionales: la ONU, el FMI, el Banco Mundial, el Consejo de Estabilidad Financiera, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud. Otras siete, regionales: la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Unión Africana, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, la Comunidad del Caribe, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre todos conforman el G20; una agencia a la que es posible considerar, por primera vez en la Historia del mundo, un embrión de poder ejecutivo mundial, necesariamente colegiado y de poderes limitados, encargado de intervenir en los grandes asuntos en los que se juega el futuro de la humanidad: la regulación de los mercados financieros, el calentamiento global, el terrorismo internacional, el desarme nuclear, las tecnologías disruptivas, las migraciones internacionales, y un largo etcétera.

Desde luego, mencionar la idea de “poder ejecutivo mundial” invoca el fantasma de un Estado mundial totalitario, pero no se trata de eso. En primer lugar, porque el actual sistema basado en la hegemonía de los Estados nacionales es el verdadero concentrador de poder y centralizador de decisiones. En efecto, la mayor parte de las decisiones políticas se toman hoy centralizadamente a nivel del Estado nacional, institución que ha usurpado las competencias locales de municipios y provincias y se ha apropiado de las grandes decisiones globales. En cambio, el paradigma federalista que hoy consideramos indiscutible a nivel nacional prevé que a cada nivel de toma de decisiones políticas y de deliberación de políticas públicas debe corresponder un nivel organizativo. Lo cual debería llevarnos a redistribuir la pesada carga que abruma hoy a los gobiernos nacionales, con consecuencias evidentes, y redistribuirla federalmente. Así, cada nivel sería autónomo y soberano en las decisiones que solo afectan a su territorio y población, al mismo tiempo que delega en instancias inferiores y superiores aquellas que afectan a otros territorios y poblaciones. Se llama “federalismo”, y su aplicación global implicaría una descentralización y disminución del enorme poder de los Estados nacionales en beneficio de instancias subnacionales (provincias y municipios) “hacia abajo”, y de instancias supranacionales (regionales, internacionales y mundiales) “hacia arriba”.

Llámennos despectivamente “globalistas”, si les gusta, pero ningún país es capaz de solucionar por sí solo las crisis generadas por el cambio climático mundial, la inestabilidad financiera global, los atentados terroristas y las migraciones internacionales. Los problemas globales requieren soluciones globales. Y desde la creación de las Naciones Unidas y la Unión Europea, en la posguerra, el G20 es el primer tentativo concreto de dar respuestas globales a crisis globales. No es global sino internacional. No es tampoco democrático, ya se sabe. Sus miembros se autoconvocaron y dejaron afuera a buena parte del planeta. Sus integrantes están más ocupados en la defensa de sus intereses nacionales que en la de los bienes comunes como internet o el medio ambiente. Sus líderes fueron elegidos para actuar a nivel nacional y no para erigirse en representantes de los ciudadanos del mundo. Todo eso es cierto; pero el G20 es lo que hay, y es mucho mejor que exista que lo contrario. Por lo menos, para que los conflictos y las tensiones se expresen en discusiones y desplantes, y no en guerras.

Quienes queremos un mundo más igualitario y democrático deberíamos repasar lo sucedido en la Historia. Los Estados nacionales nacieron al inicio de la Revolución Industrial de la necesidad de organizar las sociedades humanas (la moneda, los bancos, los ferrocarriles, los derechos ciudadanos) al nivel nacional requerido por las tecnologías de entonces. La segunda Revolución Industrial llevó a la constitución de la Unión Europea y al primado de los Estados nacionales de dimensiones continentales, como los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS). La sociedad de la información y el conocimiento en que estamos comenzando a vivir requiere un paso ulterior: la aplicación de la democracia y el federalismo a los grandes procesos y sistemas globales. Con todos sus defectos, el G20 es un primer paso. Nacido elitista y antidemocrático, como nacieron elitistas y antidemocráticos casi todos los Estados nacionales, es necesario aplicar a su evolución los paradigmas del federalismo y la democracia. Es necesario institucionalizarlo, convirtiéndolo en una organización permanente (acaso: en el marco de la ONU); hay que ampliarlo, incluyendo a todos los países que han quedado por el camino; se debe democratizarlo, adjuntándole una asamblea parlamentaria permanente encargada de preparar la agenda y hacer recomendaciones a la cumbre de líderes; y hay que otorgarle poderes vinculantes en los muchos temas en que no está en juego solamente el futuro de un país sino el del mundo.

Solo así, actualizando las instituciones políticas a la realidad del siglo XXI, será posible “abordar los grandes desafíos globales” y “generar políticas públicas que los resuelvan”, como dice proponerse el propio G20. Y tiene razón. Cuando las crisis globales estallan, ningún país es soberano.

El autor es diputado nacional (Cambiemos).



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