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Desde hace tres años y medio la discusión pública acerca de la producción editorial y la lectura de libros en Argentina parece haberse reducido a encontrar variantes, cada vez más fuertes, de la palabra crisis: debacle, caída, emergencia, desastre. La combinación entre contracción del consumo, escalada inflacionaria, aumento en las tarifas de servicios, y saltos devaluatorios encontró en el libro una de sus primeras y más dilectas víctimas. Si la alternativa reside en pagar el alquiler (o cualquier otro gasto esencial que gusten) o reducir las compras de libros, no hay mucha discusión posible. Los representantes del sector editorial hicieron sonar las alarmas de forma temprana.

Pero lejos de convocar y sostener una mesa de trabajo, y diseñar un plan de acción inmediato que aminore los efectos más nocivos de la crisis, la respuesta del gobierno fue la cancelación de gran parte de las compras públicas de libros, la desaparición de los planes nacionales de lectura, y la progresiva desfinanciación de programas y políticas como la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares). Las pocas medidas que se llevaron adelante fueron tardías o mal implementadas, y por lo tanto no surtieron ningún efecto real. Podemos prescindir del veredicto distanciado de los historiadores para hacer un balance del período: cuatro años perdidos. Cuatro años en que la producción de ejemplares cayó a la mitad, se cerraron imprentas y librerías, se redujeron los planes de publicación, y se multiplicaron los despidos en todos los eslabones de la cadena. Si la cultura no fue una prioridad, los libros y la lectura directamente no existieron en la agenda del gobierno.

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El proyecto de creación del Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA) propuesto por el diputado nacional Daniel Filmus busca revertir de forma definitiva esa situación. La iniciativa apunta a establecer una instancia pública para el diseño e implementación de políticas estratégicas de largo plazo que cuente con recursos específicos y en la cual tengan participación los propios actores del sector. Si bien confiamos en que el nuevo Congreso se mostrará más interesado y comprometido en avanzar en la discusión y sanción del proyecto que el actual, lo cierto es que su aprobación, reglamentación y puesta en funcionamiento demandará tiempo. Y una vez en funcionamiento deberá diseñar un plan de acción e implementarlo. Y entre la ejecución de las medidas y la obtención de efectos positivos pasará más tiempo aún. Teniendo en cuenta la situación límite del sector del libro, la pregunta urgente es ¿qué debería hacerse hasta que el INLA comience a funcionar?

Considero que el primer y necesario paso es conformar un área en el seno de la Secretaría o Ministerio de Cultura especializada en el libro y la lectura que disponga de recursos propios. Difícilmente pueda realizarse un diagnóstico certero y desarrollar e implementar un plan en un lapso acotado, si las problemáticas del libro y la lectura quedan diluidas en un sector del gobierno responsable de múltiples ámbitos de la cultura. La misión central de esta área debería ser el diseño de un plan con objetivos de corto y mediano plazo que apunte a revitalizar y ampliar el mercado editorial en todas sus fases: producción, circulación y acceso al libro. En tanto que el plan de largo plazo quedaría para el INLA una vez en funcionamiento.

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Para llevar esto adelante, esta área debería poder convocar a una mesa de trabajo con los representantes del sector, institucionalizar un espacio de coordinación con los diferentes programas nacionales relacionados con el libro y la lectura existentes en los distintos ministerios, proponer un plan de trabajo inmediato al Consejo Federal de Cultura, lugar donde están representadas las provincias, encargar estudios, proponer legislaciones, e implementar el plan de políticas acordado.

De concretarse, un marco institucional de esta clase sentaría bases sólidas para la posterior puesta en marcha del INLA. La presencia activa e inteligente del Estado en el ámbito del libro y la lectura es mucho más que la búsqueda de reactivación de un sector de la economía fuertemente castigado, es un mensaje claro acerca de las prioridades de un gobierno, del valor público que está dispuesto a otorgarle a esta porción de la cultura y a sus productores.

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