Profesor, filósofo y ex gerente de Recursos Humanos de Techint, el Secretario de Empleo de la Nación, Miguel Ángel Ponte, habló sin  metáforas ante los socios del Rotary Club, muchos de ellos empresarios, CEOs, representantes de importantes estudios contables o de abogados, parte del círculo rojo que suele esperar respuestas del Gobierno y que escucha, miércoles a miércoles, a los responsables de la política nacional o a sus analistas. Ponte les pidió ayuda para incluir a los excluidos del sistema laboral, reconoció que subió el empleo de inmigrantes, defendió los planes sociales y también las multas a Camioneros y a Suteba, aunque de eso mucho no quiso hablar.

En el Ciclo de Conferencias del Rotary Club de Buenos Aires el funcionario contó que representantes de un sindicato le preguntaban por qué consiguen trabajo colombianos o venezolanos y no muchos argentinos. Apuntó que “tenemos una realidad migratoria” y que son 70 mil los trabajadores venezolanos, 1% de la ocupación local. “No es que estén en negro, puede haber como entre los argentinos, pero muchísima gente que está en blanco. Tienen una actitud laboral distinta que ojalá ayude a que alguna parte de la población argentina entienda qué es lo que espera el mundo productivo para abrir las puertas al trabajo“. Describió la inmigración como una realidad y un inconveniente para el aumento de la tasa de empleo ya que “gran parte de la desocupación es insoluble porque lo que se va logrando aumentar, que es bastante poco, se incrementa con el fenómeno inmigratorio”.

En filminas mostró que son 17 millones los ocupados en el mercado argentino (12 millones de ellos están registrados) y 9 millones los que no trabajan con una población de 44 millones. En ese marco describió que medio millón de personas recibe un sueldo complementario del Estado por ser parte de la economía popular y pidió ayuda a los empresarios para “recuperar” a los “heridos” (aquellos que no tienen fuerza para trabajar) y los “prisioneros” (aquellos que se presentan a pedir empleo y no les dan).

“Ustedes pueden aportar mucho, los queremos invitar, no es un momento para imponerlo como obligatorio pero es muy importante”, señaló sobre la necesidad de que las empresas contribuyan a la formación de futuros empleados (a través de cursos de formación, tutorías, instrumentación de programas que ofrece el Ministerio, etc) mientras describió el plan del Gobierno para integrar el sistema educativo con el laboral. “Muchos empresarios tienen una actitud prêt-a-porter, tiene que haber compromiso de formación, no hay empresas que no hayan podido arrancar por falta de gente”, tiró de las orejas a los empresarios. “Hay muchos temores, hay una actitud de no entender la responsabilidad”, advirtió también.

Al terminar su exposición, en un aparte con periodistas, reconoció: “La fiebre no baja bajando la fiebre, la desocupación es una realidad que depende del funcionamiento de la economía. Entonces, si por más esfuerzo que esté haciendo el Gobierno no se logra hacer sana la economía, a un cuerpo enfermo no se le puede decir: no tenga fiebre“. Por eso remarcó la necesidad de profundizar una actitud “proactiva” empresarial y del Estado. Incluso elogió programas de la gestión del ex ministro de Trabajo durante el kirchnerismo Carlos Tomada que se mantuvieron por ser “muy sólidos”.

Fue también en ese contexto que volvió a responder sobre el embargo por más de mil millones de pesos a Camioneros y de 660 millones a Suteba por no acatar la conciliación obligatoria. “Hay leyes, si queremos jugar en la legalidad o no es una decisión de la población. Si alguien se pone nervioso porque hay leyes que se aplican se puede ir al Congreso y discutir las leyes pero mientras haya leyes la responsabilidad de los funcionarios es aplicarlas”, clausuró el tema.

 

 

 



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