Hay gente que no tiene sentido institucional. Desconoce sus deberes, no entiende que el Estado es algo serio y que quien actúe con alguna jerarquía dentro de él está obligado a respetar los principios de nuestra organización constitucional y, como consecuencia, la laicidad del Estado y la pluralidad de opiniones inherentes a una sociedad libre.

Lo que hizo el señor Pablo Cabrera, miembro del Directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) en representación de su personal, disfrazándose de obispo, con mitra, túnica y cruz en el pecho, es un acto de intolerancia, de irrespeto para una creencia religiosa que nuestras libertades amparan.

El señor Cabrera, como persona, como ciudadano, puede actuar en las organizaciones que desee y opinar lo que quiera, pero agredir a instituciones respetables, disfrazándose, no está entre sus derechos como director de un organismo público. Esa actitud no es una opinión libremente expresada. Es un agravio gratuito.

Muchas veces hemos discrepado con dichos o propuestas del cardenal Daniel Sturla, cuando, a nuestro juicio, ha ido más allá del ejercicio de su libertad de culto, rebasando los límites de una laicidad republicana que ubica al Estado en el terreno de la más total imparcialidad frente a las definiciones ideológicas.

Con la misma convicción, nos rebelamos cuando una autoridad pública agravia gratuitamente a la Iglesia Católica. Que se discrepe con ella sobre muchos aspectos fundamentales de la organización social es el ejercicio de la libertad. Nosotros, por ejemplo, disentimos radicalmente en su visión sobre el divorcio. Pero ¿eso nos lleva a insultar a la Iglesia Católica, con sus veinte siglos de existencia y a disfrazarnos de sacerdote?

Somos conscientes de que sus posiciones suelen ser muy conservadoras en aspectos relativos a la organización familiar o a las libertades personales. También que hoy vive la Iglesia Católica momentos muy difíciles en el terreno moral, con los casos tremendos de abuso sexual de sacerdotes. Cualquiera sea nuestra actitud, sin embargo, el respeto en la diferencia es la condición esencial de la convivencia en un país como el nuestro, que hace cien años consagró en su Constitución una sabia separación de los ámbitos del Estado y de la fe.

Volvamos al principio: una autoridad pública no tiene derecho a actuar como si el Estado no estuviera obligado a respetar a todas las creencias o descreencias. Debe abstenerse y de modo alguno puede zafarse de todo código e intentar la ridiculización a través de un disfraz.

La república, sus valores, les imponen a las autoridades una actitud de respeto. Aunque su legitimidad de origen sea clara, es preciso también ejercerla legítimamente. Esta obligación no cambia porque se integre un órgano público en representación de un gremio; se es parte de la autoridad pública y ella está por encima de cualquier visión parcial. La investidura republicana no solo es un derecho sino un noble pero pesado ejercicio.



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