El Estado requiere como requisitos esenciales para funcionar adecuadamente el nombramiento de sus agentes a través de concursos objetivos y transparentes y, complementariamente, la estabilidad de los funcionarios de carrera responsables de administrar adecuadamente las decisiones de política económica que los distintos gobiernos decidan implementar.

En lo posible esos requisitos deben abarcar hasta los máximos niveles de cada organismo que no sean claramente políticos.

Esta afirmación parece obvia. Sin embargo, las últimas décadas en nuestro país parecen indicar que caminamos en un sentido inverso al enunciado.

El caso más evidente fue el que se verificó durante la gestión del Gobierno anterior, cuando decenas de funcionarios de los distintos niveles fueron separados de sus cargos sin razones objetivas que las justificaran.

En algún organismo su máxima autoridad manifestó en público que la administración dejaba de ser un organismo técnico para convertirse en un “brazo político” del Poder Ejecutivo.

Se observa así, en nuestro país, una progresiva degradación de los niveles de autonomía de gestión de lo que habitual y coloquialmente se denomina la “línea técnica”.

La ausencia de requisitos de experiencia e idoneidad para acceder a los niveles superiores de los organismos estratégicos del Estado hacen a estos dependientes de las decisiones de personas cuyo mérito principal para ejercer los cargos que ocupan es su adhesión política o de amistad al gobierno de turno. Esto se verifica también, aunque en menor grado, en la administración actual.

El fenómeno señalado se agrava todavía más cuando los funcionarios de carrera toman decisiones, de acuerdo a derecho, que pueden afectar intereses de personas o grupos económicos cercanos al poder, exponiéndose a ser separados de las posiciones que ocupan para dejarles espacio a personas con características personales de mayor “docilidad”.

Estas decisiones discrecionales de las autoridades políticas de remover de sus cargos a los funcionarios que pueden afectar “al poder” determinan conductas viciosas que alteran la objetividad y la transparencia que deben tener los organismos públicos.

El objetivo final de apartar de sus cargos a aquellos que, cumpliendo con su deber, “tocan” diversos intereses económicos busca simple y obviamente disciplinar al resto de “la línea” para que no miren donde no resulta “oportuno” que lo hagan.

Se hace entonces necesario que las autoridades legislativas tomen clara conciencia de esta realidad y propicien normas o legislaciones de orden general que protejan el funcionamiento del aparato estatal y la estabilidad de sus funcionarios, más allá de que actuaciones circunstanciales de estos puedan molestar a quien ejerce el poder político en forma circunstancial.

El buen funcionamiento de la democracia exige que la aplicación de la ley sea objetiva y pareja para todos, y deben crearse mecanismos regulatorios para evitar que “solo los amigos” puedan administrar el aparato estatal que, obviamente, pertenece a toda la sociedad y no exclusivamente al partido o a las personas que gobiernan en un determinado momento o período histórico.

El autor fue director general de la DGI.



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