Diecinueve personas fueron detenidas acusadas de estar vinculadas a la banda “Los Monos” y de haber tiroteado distintas dependencias públicas y domicilios particulares de funcionarios judiciales que intervienen en las causas que se les siguen a los integrantes de esa organización narco.

En una rueda de prensa que brindó en Rosario junto al secretario de la cartera, Eugenio Burzaco, y el jefe de la Policía Federal (PFA), Néstor Roncagalia, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich explicó que “Guille” Cantero coordinaba los ataques a los frentes de edificios, a través de “Chulo”, mediante la utilización de tres teléfonos celulares que “estratégicamente” le habilitaron para realizar escuchas como parte de la investigación.

Gerardo Milman, Patricia Bullrich, Eugenio Burzaco y Néstor Roncaglia en Rosario
Gerardo Milman, Patricia Bullrich, Eugenio Burzaco y Néstor Roncaglia en Rosario

“En esas comunicaciones iban saliendo nombres y domicilios, porque Cantero no sabía que esos teléfonos estaban siendo investigados, así que hablaba con cierta tranquilidad, y eso permitió llegar a todas las personas involucradas”, agregó.

Asimismo aseveró que los rosarinos “pueden estar un poco más tranquilos” porque “ahora está detenida toda esta organización, cuyo objetivo era intentar imponerse para evitar que la Justicia haga su trabajo”.

Y agregó: “Los tiradores, los que dejaban carteles y pintadas con amenazas, están en manos de la Justicia; y es un paso importante para Santa Fe y el país, porque no se puede soportar que haya organizaciones que quieran amedrentar y generar caos”.

Además de los 19 detenidos, otras 15 quedaron afectadas a la causa acusadas de haber aportado la logística para esas intimidaciones, que mantenían vínculos de amistad y familiares con “Chulo”, quien “tenía una pseudoempresa para justificar su actividad, que era netamente criminal, con la finalidad de organizar atentados”.

Según la pesquisa, los aprehendidos son cómplices de Daniel Olivera de 29 años, alias “Chulo”, quien fue capturado el 12 de febrero último en el centro rosarino y estaba señalado como el jefe territorial del líder de “Los Monos”, Ariel Máximo “Guille” Cantero, quien purga una condena de 22 años por homicidio y asociación ilícita y otra de 15 por narcotráfico.

Precisamente “Guille” también está imputado desde el 11 de octubre del año pasado por siete casos de balaceras a domicilios de jueces y de sedes del Poder Judicial.

Con los datos recogidos durante la pesquisa, personal de la PFA llevó a cabo 40 allanamientos en los que resultaron detenidos 13 hombres y seis mujeres, acusados de ser los autores materiales de esas balaceras. El operativo se llamó “Contrafuego”.

También se allanó este jueves la celda de Cantero en el penal de Ezeiza, donde cumple condena, en la que la Policía secuestró tres teléfonos móviles.

A través de lo investigación, el fiscal Matías Edery, de la Unidad Fiscal de Delitos de Gravedad Institucional de Santa Fe, estableció la relación de Cantero y de Olivera con una serie de ataques con armas de fuego cometidos el año pasado contra viviendas particulares y edificios públicos del Poder Judicial de Rosario.

Para la Fiscalía, en primera instancia los detenidos serían imputados en los próximos días por tenencia ilegal de arma de fuego ya que en los procedimientos se secuestraron más de 20 armas de grueso calibre, entre ellas revólveres, pistolas semiautomáticas, pistolas ametralladoras, escopetas, carabinas y un arma tumbera. También hallaron cargadores FAL, de calibre 9 milímetros y otras municiones, una granada de mano, un artefacto explosivo con mecha rápida, un chaleco antibalas y cantidades menores de cocaína y marihuana.

Uno de los ataques ocurrió el 4 de agosto de 2018 contra dependencias del Poder Judicial de esa ciudad santafesina y contra sedes del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, situados en el edificio del Centro de Justicia Penal.

El mismo día, fue baleado el domicilio de la jueza Marisol Usandizaga, una de los magistrados que condenó a “Los Monos”, ubicado en Libertad al 300, entre otras viviendas de funcionarios judiciales que trabajaban en las causas.

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