Después de ser expulsado por la Diócesis de Greensburg en Pensilvania en 2002 por presuntos abusos contra un adolescente décadas antes, Roger Sinclair fue arrestado en 2017 por abusar repetidamente de un joven discapacitado (Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Deschutes vía AP)
Después de ser expulsado por la Diócesis de Greensburg en Pensilvania en 2002 por presuntos abusos contra un adolescente décadas antes, Roger Sinclair fue arrestado en 2017 por abusar repetidamente de un joven discapacitado (Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Deschutes vía AP)

Casi 1,700 sacerdotes y otros miembros del clero que la Iglesia Católica Romana considera creíblemente acusados de abuso sexual infantil están viviendo debajo del radar, con poca o ninguna supervisión de las autoridades religiosas o de las fuerzas de seguridad, décadas después de que la primera ola del escándalo de abuso agitara a las diócesis de los Estados Unidos.

Una investigación de Associated Press ha encontrado que estos curas, diáconos, monjes y laicos ahora enseñan matemática en escuelas. Aconsejan a los sobrevivientes de ataques sexuales. Trabajan como enfermeros y voluntarias en organizaciones sin fines de lucro destinadas a ayudar a niños en situación de riesgo. Viven cerca de parques infantiles y guarderías. Acogen y cuidan a los niños. Desde que dejaron la iglesia, docenas de ellos han cometido crímenes, incluyendo abuso sexual y posesión de pornografía infantil.

La presión de parte de las diócesis católicas para publicar los nombres de aquellos que considera que han recibido acusaciones creíbles ha abierto una ventana hacia el desalentador problema de cómo monitorear y rastrear a sacerdotes que nunca fueron acusados penalmente y que, en muchos casos, fueron sacados de la iglesia o la dejaron para vivir como ciudadanos comunes.

En esta foto del 27 de enero de 2001, el cura Steven Gerard Stencil posa para un retrato en la iglesia San Marcos Evangelista en Oro Valley, Arizona. Stencil fue suspendido después de un viaje a México en el que violó una política de la diócesis que prohibía a los clérigos estar con menores durante la noche. En un post en Facebook en 2019, el ex sacerdote dijo que estaba trabajando como chofer para una compañía privada de autobuses de Phoenix que se especializa en viajes educativos para grupos escolares (Ben Kirkby/Arizona Daily Star vía AP)
En esta foto del 27 de enero de 2001, el cura Steven Gerard Stencil posa para un retrato en la iglesia San Marcos Evangelista en Oro Valley, Arizona. Stencil fue suspendido después de un viaje a México en el que violó una política de la diócesis que prohibía a los clérigos estar con menores durante la noche. En un post en Facebook en 2019, el ex sacerdote dijo que estaba trabajando como chofer para una compañía privada de autobuses de Phoenix que se especializa en viajes educativos para grupos escolares (Ben Kirkby/Arizona Daily Star vía AP) (Ben Kirkby/)

Cada diócesis determina su propio estándar para considerar a un sacerdote creíblemente acusado. Las imputaciones van desde conversaciones inapropiadas y abrazos no deseados hasta sodomía forzada y violación.

Hasta ahora, las diócesis y las órdenes religiosas han compartido los nombres de más de 5.100 miembros del clero. Más de las tres cuartas partes se dieron a conocer sólo en el último año. AP investigó a los casi 2,000 que permanecen vivos para determinar dónde han vivido y trabajado, en lo que se considera la revisión a mayor escala hasta la fecha.

Además de los casi 1.700 que AP pudo identificar como no supervisados, hay 76 que no pudieron ser localizados. El resto estaba bajo algún tipo de vigilancia: algunos en prisión, otros supervisados por programas de la iglesia.

El vehículo del ex sacerdote Steven Stencil, estacionado frente a una compañía de autobuses en Phoenix, Arizona, el jueves 26 de septiembre de 2019 (Foto AP/Anita Snow)
El vehículo del ex sacerdote Steven Stencil, estacionado frente a una compañía de autobuses en Phoenix, Arizona, el jueves 26 de septiembre de 2019 (Foto AP/Anita Snow) (Anita Snow/)

La revisión encontró cientos de curas que ocupan puestos de responsabilidad, muchos de ellos con acceso a niños. Más de 160 continuaron trabajando o ofreciéndose como voluntarios en iglesias, incluyendo docenas de diócesis católicas en el extranjero y algunas de otras denominaciones. Aproximadamente 190 obtuvieron licencias profesionales para trabajar en educación, medicina, trabajo social y consejería, incluyendo 76 que, hasta agosto, todavía tenían credenciales válidas en esos campos. La investigación también reveló casos en los que los sacerdotes pudieron volver a aprovecharse de víctimas.

Por ejemplo, después de que Roger Sinclair fuera removido por la Diócesis de Greensburg en Pennsylvania en 2002 por presunto abuso de un adolescente décadas antes, se fue a vivir a Oregon. En 2017 fue arrestado por abusar repetidamente de un joven discapacitado y ahora está encarcelado por un crimen que el investigador principal del caso dice que nunca debió permitirse que ocurriera.

Al igual que Sinclair, la mayoría de las personas incluidas en la lista de acusados creíbles nunca fueron procesadas penalmente por el abuso alegado cuando formaban parte de la iglesia. Esa falta de antecedentes penales ha revelado un área gris considerable que las juntas estatales de licencias y los servicios de verificación de antecedentes no están diseñados para manejar cuando los ex sacerdotes buscan un nuevo empleo, solicitan ser padres adoptivos y viven en comunidades que desconocen su pasado.

Esta imagen del 1 de octubre de 2019 muestra una lista de terapeutas online en la que figura Thomas Meiring. El ex sacerdote mantuvo su licencia estatal como consejero clínico en Ohio incluso después de que la diócesis de Toledo resolviera una demanda en 2008 presentada por un hombre que dijo que tenía 15 años cuando Meiring abusó sexualmente de él en una rectoría de la iglesia a finales de la década de 1960 (Foto AP)
Esta imagen del 1 de octubre de 2019 muestra una lista de terapeutas online en la que figura Thomas Meiring. El ex sacerdote mantuvo su licencia estatal como consejero clínico en Ohio incluso después de que la diócesis de Toledo resolviera una demanda en 2008 presentada por un hombre que dijo que tenía 15 años cuando Meiring abusó sexualmente de él en una rectoría de la iglesia a finales de la década de 1960 (Foto AP)

También ha dejado a las diócesis debatiendo la forma en que los ex-empleados deben ser rastreados y monitoreados. Los defensores de víctimas han presionado para que haya más supervisión, pero los funcionarios eclesiásticos dicen que va más allá de lo que legalmente pueden hacer. Y las autoridades civiles, como los departamentos de policía o los fiscales, afirman que su ámbito de aplicación se limita a las personas condenadas por delitos.

Esto significa que el pesado trabajo de rastrear a los ex sacerdotes ha recaído sobre las organizaciones ciudadanas y de víctimas, cuyas denuncias han alimentado las suspensiones, expulsiones y despidos. Pero aún así, las lagunas en las leyes estatales permiten que muchos ex clérigos conserven sus nuevos empleos aun cuando la historia de las acusaciones se haga pública.

Con información de Claudia Lauer y Meghan Hoyer (AP)

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