El actual Gobierno, al hablar de problemas heredados, incluye uno en el que nadie, ni siquiera el más ferviente defensor del Gobierno anterior, puede negar: las tarifas de los servicios públicos. No solo eran una limitante por la distorsión en la matriz energética, ocultaban una inflación potencial por su necesaria actualización.

Habían sido usadas como herramienta de distribución de ingresos para la población. No hablo de redistribución porque, al ser casi sin discriminación, esa pretendida redistribución solo fue distribución. Las empresas distribuidoras abandonaron los planes de mantenimiento e inversión que hubieran asegurado la calidad de servicio comprometida en los viejos contratos.

Las empresas transportistas dependían, para cumplir con su cometido, del favor del Estado y las generadoras tenían un negocio dependiente de fondos gubernamentales para su operatoria.

La población en 14 años, desde la ruptura de la convertibilidad, distribuyó sus ingresos y generó un hábito de consumo en el cual los servicios representaban un porcentaje insignificante. Es por eso que nadie dudaba de la necesidad de recomponer la estructura económica de los servicios públicos.

El actual Gobierno tomó un tema en el cual el consenso era general y lo encaró de forma tal que lo único que logró es el disenso y el fracaso más contundente de todo su Gobierno.

Primer error fue haber dejado la solución de un problema complejo en manos de un ministro de Energía. El anterior Gobierno había destruido la matriz energética y eso se debía recomponer. Pero su solución no debía mezclarse con la resolución del complejo problema de los servicios públicos.

El segundo error fue el de encarar el tema energético, fundamental para el futuro del plan económico, en conjunto con las tarifas de los consumidores. Vaca Muerta se pone en marcha obligando a una tarifa de gas para los consumidores.

En la estructura de costos de los servicios el componente básico (energía eléctrica, gas o agua) representa una parte menor. Con lo cual fijar una retribución lógica para los distintos productores no era el problema mayor. La solución del mayor de los problemas, el de los servicios, se lograba generando contratos de concesión nuevos para los transportistas y los distribuidores que permitieran una justa retribución a su cometido considerando que se debía trabajar a mediano y largo plazo en modificar la matriz de consumo de las familias, que no fueron las culpables de la atrocidad del Gobierno anterior al minimizar el precio de los servicios.

Para eso se debían relicitar las concesiones absolutamente distorsionadas por el tiempo y los incumplimientos de los marcos regulatorios y los contratos, tanto por el Estado como por los prestadores. Esas licitaciones hubieran dado previsibilidad al negocio, tiempo para la recomposición tarifaria e inversiones en nuevas tecnologías que permitieran recomponer costos de distribución con la incorporación de dichas tecnologías ya disponible.

Hoy podemos decir que la inflación creciente del primer y segundo año del actual Gobierno fue causada, en gran parte, por el aumento de las tarifas. Esa situación generó disensos políticos y tensión social. Hoy estamos casi en el punto de partida respecto de la necesidad de aumentos tarifarios, pero con mucho menos consenso.

Volver a subir las tarifas hoy sería como tirar nafta al fuego. Los subsidios a las tarifas los deberán reemplazar por subsidios a los pobres y los indigentes. Es momento, para que se tome decisiones más estudiadas y mejor implementadas, llamar a nuevas licitaciones de los servicios para incorporar tecnologías que absorban buena parte del mayor costo de la tarifa, a través de lograr mayor eficiencia.

Generar contratos que contemplen la autogeneración en electricidad, y ofrecer créditos subsidiados para la compra e instalación de paneles solares para bajar el consumo de gas y energía eléctrica.

También se puede pensar en incorporar medidores prepagos para que los usuarios manejen su consumo en forma responsable al tener que cargar los medidores y disminuir espectacularmente los costos administrativos de las distribuidoras, lo cual descomprime la presión sobre la tarifa.

Quienes obtienen un contrato de concesión son en realidad empleados por el público usuario y el dinero recaudado por las empresas no es para que la empresa que se hizo cargo del gerenciamiento lo use en sus negocios, sino para cumplir los objetivos de la empresa.

No se debe permitir usar el dinero de las empresas para objetivos privados del concesionario o para los estados provinciales o municipales, porque ese dinero es del público que paga sus facturas para comprar el insumo y mantener y desarrollar la infraestructura que requiere el servicio. Si hubiera excedente, se puede bajar tarifas o fondearlo para emergencias.

Todo esto se logra recomponiendo el negocio de los servicios públicos. Pero si se mezclan con el negocio de la producción de gas y combustibles, se hace imposible avanzar.

Claramente, este Gobierno, al pretender dividir ministerios para impedir la existencia de un gran ministro como lo fue el de Economía en la década menemista o el de Planificación en la kirchnerista, se olvidó de generar un plan único con objetivos parciales en cada ministerio o secretaría.

Los servicios públicos se encuentran en el medio de un laberinto y, como diría Marechal, de los laberintos se sale por arriba.

El autor es ex presidente de la Empresa Social de Energía de la Provincia de Buenos Aires (Eseba), ex presidente de Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).



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