Las erróneas medidas económicas del Gobierno, además de provocar el desbarajuste productivo y la caída del nivel de vida de la inmensa mayoría de los argentinos, tienen consecuencias sociales cuyo alcance es difícil de medir.

Esta especie de anarquía en la que parecen tomarse las decisiones, sin medir las consecuencias y los alcances, ha puesto ya varias veces al Gobierno en situaciones incómodas. Y a quienes padecen las consecuencias los arrincona en realidades difíciles de superar.

Hace unas semanas me contactaron algunos dirigentes de la FONAF, entidad que agrupa a los representantes de miles de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar, repartidos en todo el territorio nacional. Necesitaban que alguien los escuchara y, de ser posible, los ayudara a aflojar el nudo corredizo que los asfixia desde hace años y que ahora, al tensarse la cuerda de la economía, los está matando. Tuvimos varias reuniones con representantes de todas las regiones del país, en las que todos expusieron sus problemas y también las posibles soluciones.

El nombre de agricultura familiar es en realidad un denominación genérica para una “forma de vida” y también “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas son hechas por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias.

Son el verdadero motor de las economías regionales.

Producen el 70% de los alimentos que se consumen en el país y trabajan en condiciones de una enorme desventaja, recibiendo monedas por sus productos que luego llegan a los consumidores a precio de oro, enriqueciendo a intermediarios de todo tipo y, en los últimos tiempos, son las víctimas favoritas del giro hacia la especulación financiera que el Gobierno ha elegido para la economía del país. Están diseminados por todo el territorio de la nación, a veces en parajes remotos y prácticamente inaccesibles. Carecen de la logística necesaria para transportar sus productos y buscar precios convenientes y también de los sistemas necesarios para el acopio y la conservación de lo que cosechan. Los créditos son inaccesibles. Muchos tienen parte de sus costos en dólares y todos sus ingresos en pesos. El Gobierno ha modificado el monotributo social agropecuario, una medida a partir de diciembre que dejará afuera de las obras sociales y del sistema jubilatorio a 50 mil beneficiarios y 55 mil adherentes.

En medio de todos esos problemas, y como confirmando que no se trata de casualidades, sino de políticas implementadas para favorecer a los grandes productores, aun a costa del hambre de los argentinos, el Gobierno decide prescindir, para “ahorrar”, de casi mil empleados de las Delegaciones de Agricultura Familiar repartidas en todo el país. Esto significa, en la práctica, que muchas de esas delegaciones dejarán de existir o perderán gran parte de su capacidad operativa. La mayoría de estos empleados son profesionales que asesoran a los pequeños agricultores, ayudándolos a lograr más y mejores productos, orientándolos a tener una actitud de respeto hacia la naturaleza, y acompañándolos en el día a día, para quebrar el aislamiento en el que muchos de ellos viven.

Un recorte ciego, hecho desde una planilla de Excel, sin considerar otras posibles soluciones al problema del gasto público que, en este caso como en muchos otros, se achica restando y no eficientizando.

¿No podían estos técnicos ser absorbidos por la provincia, por los municipios? ¿No existían soluciones intermedias? ¿No hay más fórmulas posibles que ahorrar quitándoles a los que necesitan?

Ni bien se mira, estas medidas sumadas al desamparo de fondo ponen en serio riesgo la calidad de los alimentos que llegan a la mesa de todos los argentinos, condenándolos a comer caro y malo, en un país que se jacta que querer ser “el supermercado del mundo”.

Además, claro, de afectar seriamente a las familias de los técnicos cesanteados y a las familias productoras de los pequeños pueblos del interior, de las comunidades alejadas de los centros urbanos, de los caseríos de los valles y las montañas, que ven despoblarse el campo y deben dejar partir a sus hijos en la búsqueda de un futuro que tampoco encuentran en la gran ciudad.

Alguien dirá que esa es la consecuencia de poner al frente del Ministerio de Agroindustria al ex presidente de la Sociedad Rural, tan directamente ligada a los todopoderosos grandes productores agrícolas y ganaderos del país. Puede ser. Pero estas son medidas que entran también en el ámbito del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, que deberá lidiar con los nuevos desocupados y el del Ministerio de  Desarrollo Social de la Nación, que verá gotear hacia las ciudades a los hijos desarraigados que ya no encuentren qué hacer en el terrenito de sus padres.

¿No intervendrán sus titulares para detener tanto disparate, tanta improvisación, y se pondrán a pensar de verdad en los que menos tienen y en los que más necesitan? Así, podrían ahorrar allí donde verdad se está gastando en lujos y oropeles, y se dejarían de achicar gastos allí donde no hay nada que achicar.

La autora es dirigente peronista. Ex diputada y senadora de la Nación.



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